«Yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte», estas fueron las últimas palabras del discurso que el periodista Gervasio Sánchez pronunció al recoger el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en su última edición, en el mes de mayo de 2008. Hoy leo en El País que en el marco de la cumbre internacional que empieza mañana en Oslo (Noruega) y que dará lugar al Tratado Internacional contra las Bombas de Racimo, la titular de Defensa, Carme Chacón, se ha comprometido a desactivar el arsenal español de este tipo de bombas en un periodo de siete meses. Es una avergonzante realidad que, desde el inicio de la transición, todos los gobiernos españoles permitieron la venta de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas y que en la actualidad España fabrica cuatro tipos distintos de bombas de racimo, unos artefactos que actúan de forma indiscriminada y siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que un conflicto haya finalizado (algo similar al fucionamiento de las minas antipersonas).
Además de las muertes que se producen durante y después de las operaciones estas armas tienen graves consecuencias socioeconómicas para las poblaciones afectadas pues, una vez finalizado el conflicto, impiden el uso de carreteras, el acceso a las escuelas y hospitales y el desarrollo de la agricultura en países donde esta actividad es crucial para la supervivencia de sus pobladores.
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